Calles, avenidas, cableado eléctrico y agua potable. Verdaderas ciudadelas que germinan de la noche a la mañana. Miles de personas viviendo al margen de la ley, asentadas en terrenos que no les pertenecen. Es el escenario que hoy somete a familias y poblaciones a la precariedad, al más absoluto abandono.
En 2005, menos de 30 mil familias vivían en campamentos ilegales; en 2023, esa cifra ascendía a 114 mil. Un 300% de aumento de familias radicadas en tomas ilegales en solo dieciocho años, lo que ha hecho patente una crisis que corrompe desde las bases el tejido social, la institucionalidad y el Estado de derecho.
“Estamos tratando de buscar soluciones”, explica el ministro de Vivienda, Carlos Montes, al ser consultado por el creciente número de tomas en la Región Metropolitana, pero pareciera que en el Gobierno o no están buscando bien, o la voluntad política está puesta en otros objetivos más trascendentales.
En ambos casos, la situación es grave, pues es la política y el derecho rendidos ante la incompetencia y descoordinación de las autoridades de turno, y más aún, considerando el riesgo que supone para un Gobierno de izquierda hacerse cargo de un problema de alta connotación social en año de elecciones, como lo es desalojar ocupaciones contra el ideario de sus bases más duras. Quizá la calculadora electoral está pesando más que la seguridad de la población a la hora de tomar decisiones importantes.
Pero el lastre de las tomas ilegales, siendo un drama para miles de familias que se ven forzadas a marginarse en ellas, supone la punta de lanza de innumerables situaciones delictuales graves ante las cuales ciertas autoridades de Gobierno se han visto absolutamente incapaces y desbordadas, embelesadas en su convicción de que hoy la inseguridad de la población es solo un vano sentir producido por los medios de comunicación.
De esa suerte, el crimen organizado, la inmigración ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros y las inhumaciones ilegales han visto en los campamentos el lugar ideal para radicarse, asentando en estas ciudadelas los más variados centros de operaciones, de distribución de drogas, de acopio de armas, e incluso cementerios ilegales, allí donde más cumplimiento tiene la ley del más fuerte que el Estado de derecho.
Estos asentamientos precarios, además de ser caldo de cultivo para el crímen y la comisión de delitos, se han transformado, a la luz de su proliferación exponencial, en un problema multifactorial que concierne ya transversalmente a la población, y especialmente a los segmentos más vulnerables que en ellos se instalan, pudriéndose impunemente la convivencia y acechando la paz social en todo ámbito.
Dicho impacto queda al descubierto en múltiples aristas: pésimas condiciones de salubridad y enfermedades, hacinamiento, condiciones de vida y viviendas precarias, impacto económico negativo en las ciudades donde se establecen, perjuicios para las comunidades colindantes, robos de electricidad y sobrecarga de redes eléctricas, y una flagrante vulneración al derecho de propiedad de los dueños de los terrenos, entre otros múltiples perjuicios que las tomas provocan en el sistema social.
En cuanto a la garantía de la propiedad privada, las tomas ilegales han suscitado crecientes contiendas y litigios, escalando los conflictos hasta los tribunales de justicia. Ello, pues los campamentos suponen una violación manifiesta del derecho a la propiedad garantizado en la Constitución Política, tanto de los propietarios particulares, que ven cómo la disposición sobre sus inmuebles se esfuma de la noche a la mañana, como del Estado, que con sus casi 20 mil terrenos fiscales tomados, según la ministra de Bienes Nacionales, queda imposibilitado de destinarlos para viviendas sociales, hospitales, liceos, parques y hogares.
La preocupante inacción del Estado no solo ha incentivado la propagación de estos asentamientos, sino que también ha causado una de las consecuencias menos deseadas por la autoridad: la autotutela. Años atrás, el dueño de un predio en Quilpué fue asesinado mediante sicariato por intentar evitar la toma de su inmueble, y solo hace unas semanas vecinos de Antofagasta recurrieron desesperados, por sus propios medios, a evitar que se tomaran los terrenos fiscales que colindaban con sus viviendas.
Son las consecuencias obvias y previsibles de un problema que lleva años incubándose, pero del que pareciera nadie quiere hacerse cargo, y del cual el Gobierno se ha desentendido en la práctica. Múltiples son los factores que constituyen la más grande de las crisis habitacionales del presente siglo. El más grave de ellos, sin duda, es un Estado ciego, o quizá más bien indolente, que permite que ante sí, y ante millones de ciudadanos, se concrete una flagrante vulneración del Estado de derecho.
Raimundo Astaburuaga Cruz, Investigador del Equipo de Política y Sociedad del Instituto Res Publica.