No deja de sorprender que aquellos que por años se jactaron de ser los defensores de una educación gratuita y de calidad y que se reconocían como los enemigos del lucro en su cruzada por la justicia social, hoy sean incapaces de garantizar un derecho básico como la educación. Además, no solo se limitaron a implementar reformas que después debilitaron la educación pública, sino que además se burlan cuando son emplazados por su nefasta gestión.
Este martes, diputados de oposición solicitaron la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Esto se debe a la grave crisis que aún azota la educación chilena, la cual carece, todavía, de 880 matrículas a nivel nacional y presenta serias irregularidades de los Sistemas de Admisión Escolar y SLEP, a dos meses de haber comenzado el año escolar.
Ante semejante denuncia, Cataldo respondió que puede entender que la cercanía de las elecciones lleve a que “la sensatez sea reemplazada por cálculos mezquinos” y que además reconoce lo molesto que puede ser para la oposición que un militante comunista ocupe la cartera educacional.
Además, acusó que semejante actitud y estrategia de desinformación consistente y de carácter personal no aporta al trabajo por mejorar la educación de las nuevas generaciones. Ciertamente, semejante tono de sarcasmo proveniente del ministro resulta tremendamente molesto, irresponsable y ofensivo, no solo para la oposición, sino para todos los apoderados y niños a los que el Estado ha abandonado.
Tras semejante respuesta, el ministro revela que no entiende la gravedad del asunto, ni tampoco su responsabilidad en el problema. Más allá de los juegos políticos, Cataldo se equivoca al concluir que los ataques responden exclusivamente a rencillas partidarias y no a su deficiente gestión. Así, como bien él dice, la mezquindad y la “desinformación” no ayudan al progreso de la educación chilena, pero menos lo hará la ineficiencia y la falta de profesionalismo que su cartera ha desplegado.
Junto a esto, es posible que algunos seamos suspicaces ante la gestión de alguien con ideología comunista, pero no por las razones que Cataldo esboza. De hecho, esto se debe a que quienes creemos en la democracia desconfiamos de los principios de quienes no. Lo anterior quiere decir que, en democracia liberal, el principio de separación de poderes exige que exista una oposición activa y atenta ante cualquier atropello del Estado a los derechos de los ciudadanos.
Por esto, lo que hoy en día ocurre en la educación chilena es un atropello absoluto de las garantías estatales en cuanto a la educación pública y la oposición debe denunciarlo. La nefasta gestión de Cataldo y la irresolución del problema educacional actual tendrá consecuencias gravísimas y probablemente permanentes en nuestros estudiantes. Es por esto que a estas alturas las buenas intenciones ya no bastan y el Estado chileno debe responder por esas familias y niños a los que les está dando la espalda.
Por Antonia Russi, investigadora de la Fundación para el Progreso.
