Valparaiso: Habilitan Liceo Para Solicitar Retiro De Fondos De Pensiones
Agencia Uno

Luego del alivio que supuso el Plebiscito Constitucional, el Gobierno de Boric ha vuelto a la carga con una actitud incoherente. Desde lo discursivo llama a los grandes acuerdos, pero en los hechos se limita a ofrecer más de lo mismo.

El caso más evidente de esta contradicción son las indicaciones de la Reforma Previsional que anunció la ministra del Trabajo Jeannette Jara esta semana. A grandes rasgos, la ministra pretende que el 6% adicional que se descontará de nuestro sueldo se distribuya de la siguiente forma: 3% a un seguro social, solo 2 a ahorro individual y 1% a fortalecer el empleo de mujeres.

Se trata de una reforma condenada al fracaso por las siguientes razones: En primer lugar, es ignora las demandas ciudadanas. Una abrumadora mayoría están de acuerdo en que vayan a una cuenta individual las cotizaciones que aportan los trabajadores (que son todas las cotizaciones, no existen las que son con cargo al empleador). En segundo lugar, la reforma del Gobierno no presta atención a la evidencia. Los problemas de nuestras pensiones son la baja cotización individual y la edad de jubilación de las mujeres. El hecho de que la tasa de reemplazo de las pensiones sea de un 100% en hombres y un 80% en mujeres así lo demuestra. Esta reforma no se hace cargo de ninguno de estos temas. Por último y más importante, se trata de una reforma profundamente injusta, porque cuatro de los seis puntos de cotización serán impuestos camuflados que el Gobierno nos cobrará mes a mes.

El historial de reformas en Chile advierte sobre los riesgos de adoptar medidas económicas y sociales sin fundamentos técnicos sólidos. Recordemos los enormes desembolsos que, como consecuencia de acuerdos políticos poco meditados en el pasado, no lograron impactar positivamente en áreas clave como la educación y la tributación. Este es un momento crítico para evitar repetir tales errores en el ámbito de las pensiones.

El empeño en impulsar una agenda previsional guiada más por principios ideológicos que por la eficacia probada corre el peligro de socavar los avances logrados por políticas anteriores como la PGU. La propuesta actual de financiar un sistema de reparto con un impuesto al trabajo es un reflejo de esta inclinación, y despierta críticas legítimas y necesarias. La evidencia sugiere que fortalecer las cuentas individuales debe ser una prioridad, no una consideración tardía.

Además, la iniciativa de destinar recursos para apoyar la incorporación de la mujer al trabajo, aunque bienintencionada, necesita una estrategia más coherente que un simple incremento impositivo camuflado. Si el Gobierno quiere profundizar estas medidas debe hacerlo de cara al país a través de las rentas generales de la nación.

La discusión sobre la estructura de la industria de pensiones y las tasas de reemplazo, ilustradas por estudios como los de David Bravo, no pueden quedar al margen. Estos revelan una necesidad de enfoque en el ahorro individual y la búsqueda de financiamiento sostenible para el pilar solidario, evitando alteraciones disruptivas en el mercado laboral. Por tanto, es imperativo que cualquier cambio propuesto sea examinado con un rigor técnico que evite imponer soluciones costosas y poco efectivas.

Frente a los desafíos actuales, Chile requiere de una política previsional que trascienda la mera retórica de acuerdos y que se fundamente en un análisis técnico serio y en la escucha activa de las necesidades de su población. Solo así se podrá hablar de un “buen acuerdo” en materia de pensiones, uno que resguarde los intereses de los trabajadores actuales y futuros jubilados con la mirada puesta en la estabilidad económica.

Juan L. Lagos. Investigador de la Fundación para el Progreso

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