La modificación de la ley 19.327, la cual se relaciona con la antiviolencia en los estadios, vive momentos claves para ser aprobada.
En ese sentido, El Mercurio publicó detalles de las modificaciones que tendrá la ley, la cual entregará mayor obligaciones para la ANFP, dirigentes, clubes e hinchas.
Por ejemplo, en primera instancia se responsabiliza al organizador del evento por toda las cosas que ocurran en él. “Se configura la responsabilidad subsidiaria del dirigente, por el pago de las multas a la que se hubiese sancionado al club”, explica el medio.
De la misma forma, se obliga a los clubes a contar con un jefe de seguridad con contrato laboral indefinido y uno suplente, además de disponer de variados sistemas de control de acceso y acreditación de identidad.
Asimismo, los encargados en vender las entradas deben “entregar antecedentes a la autoridad en el contexto de una fiscalización de la presente ley”.
Por otro lado, se impone el “deber de habilitar a solicitud del Ministerio del Interior el acceso al proceso de venta en la página web o entrega de entradas y acreditaciones en tiempo real y sobre información veraz”.
En cuanto a la ANFP, esta deberá asumir obligaciones en la “calendarización y programación”, además de supervisar que “los clubes cumplan con los requisitos de la ley”.
También, se le pide al ente rector del fútbol chileno “retener pagos a los clubes para hacer efectivas las responsabilidades por infracciones que han realizado estos respecto de esta ley”.
Finalmente, la ley sancionará a las personas “ligadas de alguna manera al fútbol profesional” que realicen “cualquier tipo de financiamiento o apoyo económico a los hinchas”.
Estas sanciones a los clubes organizadores se relacionan con “el deber de jugar sus partidos con público vulnerable, el cierre de sectores del estadio, o jugar sin público”, entre otras situaciones.
