La U enfrenta una situación delicada fuera de la cancha, mientras se mantiene en la lucha por el título en el Campeonato Nacional. A la presión deportiva, se suma una grave denuncia emitida por el noticiero central de Canal 13, donde se acusa a Azul Azul y la ANFP de interceder a favor de un barrabrava sancionado.
En el reportaje titulado “Piño de Choque, Brazo Armado de Los de Abajo”, detallan que este grupo de supuestos hinchas de la U tiene vínculos con el crimen organizado y cuenta con poder de fuego y ha estado involucrado en varios delitos.
La denuncia y los hechos ocurridos en Coquimbo
Uno de los casos destacados en el rerpotaje es el de Maykool Muñoz, uno de los coordinadores de Los de Abajo, quien está relacionado con actos violentos, incluyendo su implicación en el homicidio de un hincha de Colo-Colo en marzo, según el Ministerio Público.
Muñoz fue sancionado con el código 102, más conocido como “Derecho de Admisión“, prohibiéndole el ingreso a los estadios. Esto, tras protagonizar una riña y enfrentarse a Carabineros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, durante el Torneo de Verano en enero de este año.
A pesar de la sanción, en mayo Muñoz presentó una solicitud para que borren su nombre del Código 102. Según el reportaje, esta petición habría contado con el apoyo tanto de Universidad de Chile como del gerente de operaciones y seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, quien previamente ocupó ese mismo cargo en Azul Azul.
La U y ANFP guardan silencio
El reportaje revela que, pese a la seriedad de la denuncia, ni Universidad de Chile ni la ANFP emitieron declaraciones al respecto. La situación genera inquietud en el entorno del fútbol chileno, ya que se cuestiona el papel de las autoridades deportivas en la gestión de barras bravas y su relación con hechos de violencia y crimen organizado.
La investigación de Canal 13 pone en tela de juicio las medidas de seguridad implementadas en los estadios, y deja abierta la pregunta sobre el nivel de influencia que pueden tener estos grupos dentro de las instituciones deportivas.
Con esta denuncia, Universidad de Chile enfrenta un escenario complicado, que no solo afecta su imagen institucional, sino que también plantea dudas sobre su relación con barristas que han estado involucrados en actos delictuales.