‘La mayor presencia del Estado permite más seguridad y más tranquilidad para ejercer actividades económicas como la agricultura’, dice el delegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.
Pero, pese a la disminución sustancial de los delitos, persiste la inquietud en comunas como Tirúa, Ercilla y Lautaro, entre otras. Empresarios agrícolas y pequeños agricultores de la llamada ‘zona roja’ del conflicto afirman que es clave mantener la medida durante todo el período de cosecha. ‘Muchos trabajadores realizan faenas agrícolas de temporada en las regiones del Biobío y La Araucanía, pero vienen desde otros lugares. Por lo mismo, es vital perseverar en el estado de emergencia, ya que entrega una mayor seguridad a agricultores y a trabajadores, al estar resguardados por fuerzas policiales y militares’, sostiene el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes.
Aun así, hay agricultores que decidieron abandonar sus negocios en el último tiempo. Al impacto social y económico que provocan los daños de grupos violentistas se suman dos factores que dificultan operar normalmente: el importante aumento de los costos de producción y la escasez de mano de obra para las faenas de temporada.
Costos se disparan y escasea mano de obra
Allendes explica que el tipo de cambio en torno a $800 y la alta demanda en los mercados interno y externo ayudan a compensar, en parte, el incremento de los costos. Sin embargo, la situación sigue compleja. ‘En algunos casos, los fletes han subido hasta 100% su valor. El precio de la tonelada de urea, que es uno de los fertilizantes más importantes en el sector, se triplicó entre abril y noviembre. El costo de los herbicidas se duplicó. Todo está más caro’, afirma.
En cuanto a la escasa mano de obra, el agricultor José Miguel Stegmeier, presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) —asociación que reúne a gremios ubicados entre las regiones de Ñuble y Los Lagos— reconoce distintos factores entre los motivos que inciden en esta menor cantidad de trabajadores de temporada disponibles para la cosecha. ‘Hoy no se ve al trabajador de Haití, que años atrás era muy importante en estas labores. Además, a causa de la pandemia, tampoco han podido ingresar al país personas de Bolivia o Perú, que acostumbraban a trabajar en este tipo de faenas. Esto se suma a la escasa mano de obra femenina, que era vital en los packings. Y los jóvenes tienen poco interés en trabajar en el campo’, asegura.
Como consecuencia de la falta de mano de obra, Stegmeier recuerda que los campos frutícolas de la Región del Biobío perdieron, en promedio, cerca de un 20% de su producción en la última campaña de cosecha, debido a la menor cantidad de trabajadores de temporada disponibles en el sector. El agricultor agrega que las plantaciones más grandes cuentan hoy con cerca de un 70% del total de temporeros que se requieren para el período de cosecha y que los huertos más pequeños apenas trabajan con el 50% de la mano de obra que se necesita.
El secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Andreas Köbrich, comenta que la temporada de cosecha de fruta en La Araucanía —cuyo principal impulso en los últimos años se explica por el aumento de plantaciones de avellano europeo, cerezos y berries— contará, principalmente, con mano de obra local. ‘Sin embargo, es posible que parte de esos trabajadores se trasladen hacia la zona central, lo que podría dejar un vacío’, indica.
El presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco, Sebastián Naveillán, apunta a que ‘se debe terminar con los subsidios a las personas, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), porque provoca que la gente no salga a trabajar. Debemos salir a trabajar con todas las medidas de seguridad necesarias’. El agricultor agrega que ‘en nuestro caso, muchos trabajadores optan por no salir a los campos por la inseguridad y el temor’.
En cuanto a los cultivos de cereales, que se cosechan con maquinaria y principalmente se comercializan en el mercado interno, Köbrich advierte que resulta muy necesario tomar los resguardos ante potenciales incendios. ‘Ha sido un año especialmente seco. Quedará mucho follaje, tanto residuos como cereales en pie, que se pueden transformar fácilmente en un combustible peligroso, ya sea accidentalmente o por hechos de violencia. Muchos agricultores tienen herramientas de mitigación, pero es necesario estar alertas’, explica.
Menor entusiasmo de productores de granos
Conocida en el sector agrícola como ‘el granero de Chile’, La Araucanía representa un 36,3% del total de superficie sembrada de cereales en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sin embargo, el entusiasmo entre los agricultores que se dedican a los cultivos anuales decayó en los últimos años.
Como ejemplo, durante la temporada 2019-2020, período previo a la pandemia por covid-19, la región sumó un total de 160.845 hectáreas sembradas de cereales (trigo, avena y otros cultivos anuales), cantidad que representa una disminución de 21,07% frente a las 203.785 hectáreas sembradas de la campaña 2017-2018.
Naveillán aclara que hay tres factores que causan esta disminución en las siembras de cereal: los efectos del cambio climático, el clima de inseguridad en la zona y el alto nivel del costo de siembra. ‘Antes se invertían unos $500 mil para sembrar una hectárea de trigo, pero hoy se necesitan unos $800 mil. El costo se elevó cerca de 40% y, por lo mismo, muchos agricultores decidieron realizar ajustes y sembrar menos’, expresa.
El dirigente añade que actualmente ‘trabajamos bajo la presión permanente de que grupos violentistas pueden balear a los trabajadores y provocar otros daños. Hay gente gastando dinero en blindar tractores, en chalecos antibalas para proteger a los trabajadores y, en resumen, se trata de un costo altísimo. El negocio deja de ser rentable’.
Conflicto provoca aumento en oferta de predios
Sonia Podlech, socia de la Sociedad de Explotación Agrícola Cautín, compañía a la que desde febrero le tienen tomadas 800 hectáreas de terreno —600 de ellas dedicadas a los cultivos anuales—, manifiesta que el estado de excepción ‘ha sido positivo a la hora de calmar la violencia en los caminos, pero poco puede hacer para recuperar los predios usurpados’.
El delegado presidencial Urquízar explica que ‘la usurpación tiene una pena de multa en nuestra legislación, que data del año 1874. Si es una usurpación no violenta, es de 6 a 10 UTM (hasta $534.760), y si es violenta, de 11 a 20 UTM (hasta $1.069.520). Debido a lo anterior, ni siquiera las policías pueden detenerlas y esa debilidad es aprovechada por los grupos radicalizados’.
Podlech, en tanto, afirma que ‘este año no se pudo sembrar, así que no tenemos nada que cosechar. No pudimos obtener ingresos. Hay muchos agricultores de Lautaro, como nosotros, que han cedido frente a las extorsiones de grupos violentistas y entregan parte de su producción. Yo opté por negarme a eso’, asevera. Además, plantea que ‘hay muchos campos del sector que están a la venta. El problema es que hay poco interés en ellos; no se pueden arrendar ni trabajar. Incluso, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tampoco compra campos con problemas de usurpaciones’, dice.
El gerente general de la firma de tasaciones y servicios inmobiliarios Arenas & Cayo, Teodosio Cayo, subraya que ‘en relación a parcelas y terrenos con uso agrícola, se observa un mayor número de propiedades en venta, particularmente durante los años 2019 y 2020’.
Este aumento de la oferta generó un significativo impacto en el precio de los predios. Según datos de la compañía, el valor promedio de terrenos con una superficie mayor a cinco mil metros cuadrados en la macrozona sur fue de 6.381 UF en 2020, lo que revela un desplome de 40% en comparación con el monto promedio de 10.624 UF en que se transaron dichas propiedades en 2018.
En tanto, José Miguel Ortúzar, de Ortúzar Propiedades, asegura que ‘la mayor oferta de predios agrícolas se aprecia desde hace tiempo, pero durante este último tiempo ha habido un aumento explosivo a raíz de los hechos de violencia en la macrozona sur. Principalmente son empresas agrícolas y pequeñas forestales las que están ofreciendo estos terrenos’.
Conocedores del asunto también sostienen que hay empresas menores —mayormente emprendedores que prestan servicios a compañías forestales o agrícolas— que han dejado la actividad a causa de los hechos de violencia. ‘Hay firmas locales más pequeñas que han tenido que cerrar. Queman o atentan contra sus camiones y maquinarias, y algunos carecen de seguros. No les queda más que dejar la actividad y dedicarse a otra cosa, o buscar empleo como conductor de otra firma’, exponen.
Sobre el tema, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, destaca que ‘hoy tenemos más seguridad, gracias al estado de emergencia. La situación debería ir normalizándose para comenzar a trabajar las 24 horas. Sin embargo, tenemos un déficit importante de conductores, ya que cuando ellos ven amenazada su integridad física deciden buscar otro oficio’, señala.
Consultado respecto de las alzas en los precios de los servicios de transporte, comenta que ‘cuando se eleva el precio de los combustibles y hay menos conductores, obviamente que el valor del traslado del producto es más caro’.
La falta de seguros
Otro de los temas que más inquieta a los productores agrícolas en la zona de conflicto es la toma de seguros. Cristián Allendes, de la SNA, advierte que ‘es muy difícil o casi imposible contratar seguros, ya que sus valores son muy altos y varias aseguradoras dejaron de operar en el sector’.
En tanto, Andreas Köbrich, de Sofo, especifica que ‘hay comunas dentro de la macrozona que tienen tasas más altas que otras. También hay casos en que los seguros solo cubren un 20% de la pérdida cuando ocurre un atentado o que derechamente no han renovado las pólizas cuando vencen’.
Fuentes del sector indican, eso sí, que se mantiene vigente el tradicional seguro contra incendios de sementeras (que protege cultivos). ‘Eso se toma a partir de ahora, ya que el riesgo de potenciales incendios es mayor. Sin embargo, solo queda una compañía que actualmente ofrece este tipo de pólizas; antes eran tres o cuatro’, expresan.
Recuadro
La menor cantidad de trabajadores extranjeros y de temporeras disponibles para las faenas complica a los productores de frutas para esta cosecha.