La Corte Suprema se refirió oficialmente este viernes a la acusación constitucional que presentarían diputados de oposición en contra de 3 ministros del organismo, por conceder la libertad condicional a 7 condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
El máximo tribunal del país afirmó que “se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra”.
No obstante, agrega que “en las bases del Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal, que tiene como pilar fundamental la presencia de un juez que ejerza las potestades jurisdiccionales”.
Continuando con el argumento anterior, se añade que “en concepto de la ONU importa que ‘los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo, por lo cual no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales’, postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana”.
Además, recalcan que “el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.
Finalmente, el máximo tribunal sentencia que “lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades”.