La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Corte Marcial investigan la existencia de presuntas facturas duplicadas por hasta 200 millones de dólares en la contabilidad del Ejército, asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos realizadas a través la Famae y empresas extranjeras como la israelí Rafael Advance Defense Systems.
Según informó radio Bío Bío, la investigación en la justicia militar está a cargo de la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien ya indaga el fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre, mientras que por el Ministerio Público lo hace la fiscal Ximena Chong, por la supuesta participación de civiles. Los antecedentes también son evaluados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Los eventuales actos de corrupción, que atravesarían las jefaturas de los generales Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, fueron descubiertos por la PDI al indagar pagos irregulares girados a favor de la empresa chilena Capellán, una proveedora de repuestos automotrices vinculada al llamado Milicogate, caso que originó en 2014 las investigaciones sobre corrupción en el Ejército.
Según la radio, el corazón del presunto fraude fue la utilización de Famae como intermediaria de las compras bélicas del Ejercito, aprovechando que esta empresa estatal permite una gestión con menos controles administrativos, según explicó uno de los oficiales que ideó el sistema, quien ya declaró en secreto ante la ministra Rutherford.
La pesquisa está inserta en otra quincena de líneas investigativas sobre diferentes desfalcos cometidos en el Ejército con la Ley Reservada del Cobre, además del pago de sobornos.
En medio del escándalo, el Ejército dictaminó sigilosamente este 28 de junio abrir una investigación sumaria por la adquisición de camiones Mercedes Benz a Comercial Kaufmann, compañía que apareció en el primer reporte de la PDI con doce facturas duplicadas, por un monto de veinte millones de dólares.
Consultado el Ejército por la radio, respondió a través de un comunicado:
“La Institución desde que denunció las irregularidades en el caso fraude al Ejército el año 2014, ha cooperado activamente con la justicia, siendo la más interesada que cada situación que se investigue, tenga el resultado correspondiente y se identifiquen los responsables a la brevedad posible, según lo establezcan los tribunales.
En particular sobre la investigación que lleva la ministra en visita especial Rommy Rutherford, al Ejército no le corresponde pronunciarse, evitando interferir en el proceso de investigación, pero sí colaborando en cada una de las diligencias y en la entrega de la documentación solicitada como lo ha hecho hasta la fecha.
Finalmente, al Ejército le interesa precisar que la difusión de antecedentes parciales, como podrían ser, declaraciones de testigos o imputados que son parte de un proceso de investigación, que no ha finalizado, podrían eventualmente entorpecerlo y otorgar un valor erróneo o injusto a la causa, lo que compete exclusivamente a la Ministra en Visita, a quien le corresponde al término de dicha investigación, dar el valor a los hechos y sus responsables”.